Carlos de Inglaterra está cada vez más cerca de protagonizar un escándalo que podría cuestionar la neutralidad que se le exige para ser rey. El Tribunal Supremo tiene en sus manos la decisión de publicar o no las 27 cartas enviadas por el príncipe a siete departamentos ministeriales entre 2004 y 2005, que lo comprometen y pueden convertirse en un problema para la Casa Real.
El Gobierno lleva muchos años intentando que esas cartas no lleguen a ser publicadas por el diario The Guardian, que las pidió en su día en base a la ley de Libertad de Información. Pero el ejecutivo, primero los laboristas y luego la coalición de conservadores y liberales-demócratas, se opone con el argumento de que las fuertes opiniones que muestra el príncipe por escrito podrían dar la impresión de que rompe la neutralidad política que se le exigirá cuando sea monarca. Esa es, precisamente, la razón por la que las cartas deben ser publicadas, responden quienes están a favor de que la gente sepa qué le ha dicho el príncipe a qué ministro sobre qué tema y cuándo.
En estos días, un tribunal de apelación formado por tres magistrados y encabezado por el jefe de la judicatura en Inglaterra y Gales, lord Dyson, rechazó la apelación presentada en su día por el fiscal general del reino, Dominic Grieve, que intentaba así revocar la sentencia a favor de la publicación de las cartas dictada en septiembre de 2012 por un tribunal independiente. Ese tribunal había a su vez tumbado el veto a la publicación de las cartas impuesto por Grieve en 2010 después de que la Cámara Administrativa de Apelaciones, que decide si se publican o no documentos que el Gobierno intenta evitar que se publiquen a través de la Ley de Libertad de Información, se pronunciara a favor.
La insistencia de ambas partes en conseguir su objetivo no se basa en una curiosidad morbosa por desvelar chusmeríos, sino para evaluar, o impedir que se pueda evaluar, hasta qué punto el príncipe Carlos traspasó o no las líneas rojas de la neutralidad política de la corona y si eso puede ensombrecer su reinado cuando herede el trono que desde hace más de 60 años ocupa se madre, la reina Isabel II.
El soberano tiene derecho a opinar. Al menos hasta cierto punto. La convención del sistema constitucional británico señala que el monarca tiene el derecho a ser consultado, el derecho de aconsejar y el derecho de advertir. Esa formulación se confirmó a mediados de los años 1980 de manera algo más precisa: el monarca tiene el derecho y también la obligación de expresar al primer ministro sus opiniones sobre la política del Gobierno, pero al mismo tiempo está obligado a actuar bajo el asesoramiento de los ministros sean cuales sean sus propias opiniones. Lo que no puede de ninguna manera es mostrar partidismo político.
¿Mostró ese partidismo en las opiniones expresadas por el príncipe Carlos en esas 27 cartas que los jueces creen que tienen interés público como para ser publicadas? ¿Alteraron de forma partidista la política del Gobierno? De momento hay información de que fueron enviadas entre septiembre de 2004 y abril de 2005 a los departamentos responsables de Negocios, Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Cultura e Irlanda del Norte y al Cabinet Office. También sabemos que en ellas el heredero expresa "sus más profundos puntos de vista y creencias" y que en algunos casos lo hace "con particular franqueza". Las cartas pueden poner en jaque a la Corona británica, a poco tiempo de que el príncipe en cuestión deba suceder en el trono a su madre Isabel.
A través de http://www.argnoticias.com/mundo/item/7591-27-cartas-comprometen-al-príncipe-carlos-de-inglaterra
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