Las responsabilidades por la muerte de 51 personas y 700 heridos y el destino de los fondos estatales entregados como subsidios a las empresas concesionarias, son las dos cuestiones centrales a dilucidar en el juicio por la tragedia ferroviaria en la estación Once a dos años de ocurrida.
Con 29 acusados entre los que se encuentran los responsables de la empresa TBA, Sergio y Mario Cirigliano, el conductor de la formación de trenes colapsada Marcos Córdoba y los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como los imputados más visibles, se prevé una duración del juicio oral no inferior a un año.
La instrucción corrió por cuenta del juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado y la segunda etapa, con el juicio oral, estará a cargo del Tribunal Oral Dos compuesto por los magistrados Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburua quienes tomarán declaración a unos 300 testigos. El fiscal será Fernando Arrigo.
Hasta el viernes se habían presentado cuatro querellas pero a último momento dos de los grupos querellantes arribaron a un acuerdo extrajudicial con la empresa TBA y desistieron de accionar por la vía legal del juicio. Los grupos eran representados por los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, por un lado, y por el abogado Miguel Arce Aggero, por otro. De los dos grupos restantes, especulaciones de último momento señalaban que los representados por el abogado Miguel Dalbón estarían negociando extrajudicialmente con la empresa para llegar a un nuevo acuerdo extrajudicial.
El último grupo en el que se encuentran los padres de Lucas Meneghini, María Luján y Paolo Meneghini, aseguraron que respetarán "la decisión de otras familias por acogerse a un acuerdo extrajudicial pero nosotros no renunciamos a la búsqueda de verdad y justicia". Descartaron así cualquier arreglo antes del juicio por la vía extrajudicial.
El caso tiene además otras ramificaciones que conducen a la cuestión de los subsidios malversados en la última década. El TOF 2 intentará determinar además qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio por parte del Estado entre 2003 y 2010. Por esos subsidios que nunca aparecieron volcados en la infraestructura ferroviaria los ex funcionarios son acusados por administración fraudulenta. El juez de instrucción Sebastián Ramos está trabajando además sobre ese dinero púbico recibido por las concesionarias. Allí aparecen claramente comprometidos por las primeras pruebas recabadas judicialmente el ex secretario Jaime y los hermanos Cirigliano, cuyos gastos exorbitantes en bienes personales de lujo hicieron sospechar al juez sobre el destino de los fondos.
Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte del kirchnerismo.
Desde el punto de vista político es la causa de mayor compromiso en la década kirchnerista porque involucra a Jaime, el hombre de Néstor Kirchner en Córdoba, señalado como el "cajero K" en esa provincia. Hasta su muerte, el propio Néstor Kirchner lo había protegido repitiendo una vieja letanía política: "todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario". Al final del proceso quedará expuesta la responsabilidad judicial de cada uno. Sólo hay que esperar los tiempos de la justicia.
A través de http://www.argnoticias.com/politica/item/7526-arranca-el-juicio-por-la-tragedia-de-once
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