Amadou Boudou está cada vez más complicado en la justicia. Luego de que la Cámara de Casación rechazara el pedido de sobreseimiento interpuesto por la defensa, el vicepresidente está al borde de ser llamado a indagatoria, mientras sigue siendo investigado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.
Las evidencias judiciales acorralan a Boudou, y el juez Ariel Lijo ya tiene decididos los próximos pasos, con declaraciones testimoniales clave.
Eduardo "Cachi" Romano, secretario privado del vice, está citado a declarar como testigo para junio. Las llamadas telefónicas registradas en el celular de Romano, con el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, y la AFIP, complican la situación del vicepresidente.
Por otro lado, para el próximo 21 de mayo, está pautada una videoconferencia desde Madrid, donde vive Fabián Carosso Donatiello, el abogado que aseguró haber subalquilado el departamento de Boudou en Puerto Madero a Alejandro Vanderbroele, a través del nexo de Núñez Carmona. El testimonio es clave para Lijo, para probar que Vanderbroele y Boudou se conocían, algo que el vice niega. Sin embargo, en poder del juez están las cuentas de cable y expensas de su propiedad, que figuran pagadas por el empresario.
Lijo también citó a José Capdevila, ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, para la última semana de mayo. Capdevila, que ejerció mientras Boudou era ministro, fue quien aconsejó al vice no intervenir para que la AFIP brindara un plan de pagos extraordinario a Vanderbroele, director de la ex Ciccone, para evitar la quiebra de la empresa. Hace días, luego de su citación, Capdevila fue amenazado en plena calle: "Tenga cuidado con lo que va a decir, doctor", le advirtieron dos hombres que se le cruzaron.
Hambriento de más pruebas, Lijo ordenó un peritaje de las computadoras del hotel Park Hyatt, lugar predilecto del vicepresidente. Allí fue donde Romano registró su número personal, que permitió a la justicia descubrir las llamadas entre la AFIP, Ciccone y los socios de Boudou. El juez espera encontrar en las imágenes de las cámaras de seguridad algo que permita probar encuentros entre el vice y Vanderbroele.
El vicepresidente está acusado de entregar un plan de facilidades, aprobado por la AFIP, a la familia Ciccone para salvar su imprenta de la quiebra. A cambio, según la denuncia, Boudou se quedó con gran parte de las acciones de la imprenta, en una negociación incompatible con su función pública.
Boudou, acorralado por dos frentes
Además de complicarse su situación en la jusitica, Boudou enfrenta un gran costo político. Luego de la decisión de la Cámara, crecieron los embates de la oposición exigiéndole que pida licencia en su cargo.
El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Ernesto Sanz, y los diputados Graciela Camaño (Frente Renovador), Margarita Stolbizer (Frente Amplio Unen), Miguel Bazze y Manuel Garrido (UCR) indicaron que el vicepresidente debería alejarse de su cargo ante las acusaciones que afronta por presunto tráfico de influencias.
"La causa judicial está demasiado avanzada para que él pueda tomar solo una decisión de lo que tiene que hacer. Nosotros reclamamos hace mucho tiempo que debería ser apartado del Gobierno", remarcó Stolbizer.
Por su lado, Camaño subrayó que "le hace daño al país" que Boudou permanezca en la vicepresidencia mientras se lo investiga por la ex Calcográfica.
A través de http://www.argnoticias.com/politica/item/10331-boudou-está-contra-las-cuerdas
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