Por iniciativa del oficialismo, el Senado trata una batería de proyectos que incluye la eximición de impuestos al biodiesel, la estatización de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y la creación de otras institutos universitarios.
El proyecto para eximir el impuesto al biodiesel es la primera iniciativa en ser tratada. La iniciativa exime de la alícuota del 22 por ciento del biodiesel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19 por ciento de la tasa del combustible. Según explicó la presidenta Cristina Kirchner, el proyecto se debe a la restricción que hoy tiene la Argentina para exportar este producto a raíz de las trabas impuestas por la Unión Europea.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El oficialismo logró 217 votos que fueron aportados por el Frente para la Victoria y de sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero y Nuevo Encuentro, y de los bloques opositores del radicalismo, el PRO, el FAP, y el Frente Renovador, que plantearon algunas objeciones. En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores votó en contra y hubo ocho abstenciones que correspondieron a Unidad Popular, a la Coalición Cívica y Proyecto Sur.
El proyecto para eximir de impuestos al biodiesel es una estrategia del gobierno nacional para paliar la crisis que se generó en el sector luego del bloqueo que realizó el mercado europeo al combustible argentino.
Desde mediados de noviembre, antes de que Repsol pactara una indemnización de 5.000 millones de dólares con Argentina, el gobierno de España excluyó a las empresas argentinas productoras de biodiesel de la lista de compañías autorizadas para vender combustible al país europeo, como respuesta ante la negativa del gobierno argentino a pagar la indemnización por el 51% de YPF expropiado.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español había prohibido que cualquier fábrica "extra europea" venda biodiesel a ese país. La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) había calificado la medida de "arbitraria y discriminatoria", debido a que alegaban "razones administrativas injustificadas" para excluir a las empresas argentinas de las listas autorizadas a vender combustible.
Pero el problema no era nuevo. Argentina ya había denunciado al gobierno español ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por dejar de comprarle biodiesel luego de que el gobierno de Mariano Rajoy anunciara en mayo un aumento del 26% para los impuestos a la compra de combustible fuera del mercado europeo, algo que quitaba a los productores argentinos 1.000 millones de dólares al año.
A través de http://www.argnoticias.com/politica/item/10784-el-senado-trata-el-proyecto-para-eximir-de-impuestos-al-biodiesel
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