La multinacional Iron Mountain, en cuyo depósito de Barracas se produjo el incendio que dejó diez muertos, está siendo investigada en la justicia por evasión fiscal. Además de la tarea de la fiscal Marcela Sánchez, que busca determinar las causas de la tragedia, se suma una denuncia de la AFIP por presunta evasión fiscal.
La causa se abrió la semana pasada, a partir de una denuncia de la autoridad tributaria, que detectó maniobras financieras sospechosas por parte de la compañía y que abren lugar a sospechas por lavado de dinero. La firma, que se encarga del archivo de documentación sensible, tiene casa matriz en Boston, Estados Unidos, pero el 98,8 por ciento de su filial local pertenece a otra firma radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Sus representantes en Argentina no reciben órdenes desde allí. Por otro lado, si bien se maneja en una actividad de alta rentabilidad, Iron Mountain no paga impuesto a las Ganancias, ya que en sus balances presenta utilidades escasas o nulas.
La investigación sobre el origen del incendio ocurrido el 5 de febrero avanza a paso lento y envuelto en un notable hermetismo. No se permite a nadie entrar al predio e incluso prohíben sacar fotos. Los especialistas señalan la especial tardanza en las pericias, tarea en la que participa Emergencias del Gobierno de la Ciudad, la División Bomberos de la Policía Federal y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de la Universidad Tecnológica Nacional.
La justicia busca determinar si hubo varios focos de incendio, lo que revelaría que el fuego fue intencional. Para eso cuenta con las pericias y los videos de las cámaras de seguridad, ya en posesión de la fiscalía. Por otro lado, es de especial importancia la investigación de las muertes -diez personas, entre bomberos profesionales, voluntarios y miembros de defensa civil-, para establecer si hubo problemas de infraestructura y si el lugar estaba habilitado correctamente.
Hasta el momento, se presentaron como querellantes las familias de las diez víctimas, representadas por tres abogados, el más conocido Miguel Angel Arce Aggeo. Por ahora, la fiscal Sánchez les tomó declaración a los empleados de Iron Mountain y a otros testigos.
Fiscalización de la AFIP
El organismo tributario tenía en miras a la compañía desde junio de 2013, siete meses antes de la tragedia de Barracas, ya que a pesar de su alta facturación, no arrojaba utilidades ni pagaba Ganancias. Luego del incendio, la investigación del organismo encabezado por Ricardo Echegaray se aceleró, y se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La denuncia sobre presunto lavado de dinero recaerá en el juzgado federal a cargo del magistrado Sergio Torres.
En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) lleva adelante la investigación sobre los documentos que se perdieron en las llamas. Hasta el momento, se advirtieron pérdidas de cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.
A través de http://www.argnoticias.com/sociedad/item/10344-la-justicia-avanza-sobre-iron-mountain
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